Document - Libia: Comienza el juicio contra detractores del gobierno

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: MDE 19/009/2007 (Público)
Servicio de Noticias 125/07
2 de julio de 2007
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLMDE190092007

Libia: Comienza el juicio contra detractores del gobierno

Con motivo de la apertura del juicio contra 12 hombres detenidos en relación con una manifestación prevista contra las autoridades en febrero de 2007, Amnistía Internacional solicita al gobierno de Libia que establezca una investigación completa, imparcial e independiente sobre los informes que indican que al menos dos de ellos han sufrido torturas, y que garantice el derecho de estos hombres a una vista judicial con las debidas garantías.

Amnistía Internacional expresa asimismo su preocupación por el hecho de que estos 12 individuos estén soportando largos periodos de reclusión en régimen de incomunicación desde que fueron detenidos en febrero de 2007, y teme que en realidad los estén castigando por ejercer pacíficamente la oposición política o por criticar al gobierno. Si fuera así, la organización los consideraría presos de conciencia y pediría su excarcelación inmediata e incondicional.

Idriss Boufayed, cirujano libio que estuvo exiliado en Suiza y es secretario general de la Unión Nacional para la Reforma (NUR), fue al parecer el primero al que detuvieron. Según informes, agentes de la Agencia de Seguridad Interna procedieron a detenerlo en su domicilio de Gheryan en torno a la una de la madrugada del 16 de febrero de 2007. Idriss Boufayed y otros tres hombres –Al-Mahdi Saleh Hmeed, Ahmed Youssef al-Obaidi y Bashir Qasem al-Hares– habían publicado un comunicado en varios sitios web de noticias en el que anunciaban que estaban organizando una manifestación pacífica, que se celebraría en Trípoli el 17 de febrero de 2007, para conmemorar el primer aniversario de la matanza de al menos 12 personas y las lesiones causadas a varias decenas más durante una manifestación en Benghazi. Las autoridades libias anunciaron en 2006 que 10 altos cargos públicos habían sido acusados en relación con los hechos, pero Amnistía Internacional aún no ha tenido noticia de que se haya juzgado a alguno de ellos.

En una entrevista telefónica para el sitio web del diario Libya al-Mostakbal, el hermano de Idriss Boufayed, Jum’a Boufayed, contó cómo había sido la detención. Según explicó, el día de la detención de Idriss Boufayed, varios hombres armados se presentaron en el domicilio familiar, llamaron a la puerta, la derribaron en vista de que nadie contestaba y se llevaron a su hermano. Jum’a Boufayed dijo haber reconocido al oficial que aparentemente estaba al mando de la operación y que era el jefe de la sección local de la Agencia de Seguridad Interna; que no sabía adónde se habían llevado a su hermano; y que temía ser detenido como él a causa de la información que había revelado en esa entrevista y en otras llamadas telefónicas. Según informes, unas horas después fue detenido.

Al-Mahdi Saleh Hmeed fue detenido, según informes, la tarde del 16 de febrero de 2007. Ese mismo día, un grupo de jóvenes que actuaba presuntamente en colusión con las autoridades había prendido fuego a la vivienda de su padre y, según informes, también había agredido a miembros de su familia. Asimismo fueron detenidos sus hermanos Adel Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed, Faraj Saleh Hmeed y Al-Sadeq Saleh Hmeed.

Los otros dos organizadores de la manifestación, Ahmed Youssef al-Obaidi y Bashir Qasem al-Hares, fueron igualmente detenidos, según informes, el 16 o 17 de febrero, junto a varias personas más: Alaa al-Drissi y dos escritores, Jamal al-Hajji y Farid Mohammed al-Zwai. Al parecer, todos fueron detenidos y puestos bajo custodia debido a sus planes de manifestarse pacíficamente o a sus críticas recientes al gobierno en Internet.

Según informes, los 12 hombres continúan privados de libertad. El 20 de abril de 2007, cuando llevaban más de dos meses detenidos, Ahmed Youssef al-Obaidi, Adel Saleh Hmeed, Ali Saleh Hmeed, Faraj Saleh Hmeed, al-Mahdi Saleh Hmeed y al-Sadeq Saleh Hmeed fueron acusados ante un tribunal del distrito de Tajoura, en Trípoli, de varios delitos –como intento de derrocamiento del sistema político, tenencia de armas y explosivos con la intención de realizar actividades subversivas y comunicación con potencias enemigas– y trasladados a la prisión de Al Yadida de Trípoli, donde al parecer están recluidos en régimen de aislamiento. De acuerdo con algunos informes, el tribunal de Tajoura es un tribunal especial y no un tribunal penal ordinario.

Idriss Boufayed, Jum’a Boufayed, Alaa al-Drissi, Jamal al-Hajji, Bashir Qasem al-Hares y Farid Mohammed al-Zwai están recluidos, según informes, en la prisión de Ain Zara de Trípoli, después de permanecer al menos dos meses recluidos en un centro de detención dirigido por la Agencia de Seguridad Interna en la calle Sikka, en Trípoli. Amnistía Internacional ha recibido información según la cual han sido acusados de delitos parecidos a los mencionados anteriormente ante el mismo tribunal del distrito de Tajoura de Trípoli. Según algunos informes, las actuaciones judiciales contra los 12 hombres comenzaron el 24 de junio de 2007.

Amnistía Internacional ve con especial preocupación los informes que indican que al menos dos de los detenidos, Faraj Saleh Hmeed y Al-Mahdi Saleh Hmeed, han sufrido tortura bajo custodia. Parece ser que, en al menos una sesión de interrogatorio, recibieron puñetazos y golpes con instrumentos de madera, los sometieron a la técnica de falaqa (golpes en la planta de los pies) y los introdujeron en un ataúd como forma de intimidación, como consecuencia de todo lo cual tuvieron que recibir tratamiento médico.

En una carta enviada hoy al secretario del Comité General del Pueblo para la Justicia del gobierno libio, Mustapha Abdeljelil, Amnistía Internacional pide a las autoridades que garanticen que los 12 detenidos reciben un trato humano, son protegidos frente a la tortura y otros malos tratos, acceden sin demora a representantes letrados, familiares y asistencia médica si fuera necesario, y tienen la opción de impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal, de conformidad con las obligaciones de Libia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo ha solicitado información pormenorizada sobre los cargos precisos contra los 12 hombres y la naturaleza del tribunal del distrito de Tajoura en Trípoli que, según informes, los está procesando. Además, pide garantías a las autoridades de que todos los procedimientos judiciales están en estricta consonancia con las normas internacionales relativas a juicios justos.

Información complementaria

En Libia, periodistas, escritores y activistas políticos que critican a las autoridades o intentan organizar reuniones o manifestaciones de protesta contra el gobierno corren peligro de ser detenidos y de sufrir otras formas de intimidación o acoso.

Idriss Boufayed –quien, según informes, fue el primero de los 12 hombres en ser detenido, el 16 de febrero de 2007– había sido reconocido como refugiado en Suiza y no había regresado a Libia hasta septiembre de 2006, cuando le expidieron un pasaporte y, según informes, la Embajada de Libia en Berna le dio garantías de que no sería perseguido por las autoridades. No obstante, fue detenido el 5 de noviembre de 2006 y recluido en régimen de incomunicación hasta el 29 de diciembre, fecha en que fue excarcelado, al parecer sin cargos. Mientras estuvo bajo custodia, las autoridades no comunicaron a la familia por qué lo habían detenido ni dónde permanecía detenido. Amnistía Internacional se dirigió por escrito a las autoridades libias el 21 de diciembre de 2006 para expresar la preocupación de que podía ser preso de conciencia. El 15 de enero de 2007, Idriss Boufayed emitió una declaración pública en la que se comprometía a continuar con la lucha en favor de una "Libia democrática y moderna".


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Amnistía Internacional, Secretariado Internacional, 1 Easton Street, WC1X 0DW, Londres, Reino Unido. Traducción: Editorial de Amnistía Internacional, EDAI.